La Isla de Achinet se enfrenta a uno de los mayores ataques medioambientales de la historia: ataque que supondrá también un impacto socio-económico de considerables magnitudes: la construcción del mayor puerto industrial y comercial del archipiélago, que supondrá la destrucción de buena parte del litoral sur de la misma.

Es artífice de este macroproyecto la elite político empresarial, aunque su idea surgió desde los años 70 por parte de la Autoridad Portuaria, organismo dependiente del Ministerio de Fomento. A su vez, es amparado por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

En el año 1992, se publicó en prensa que la intención que albergaba el Estado español de construir este puerto con el objetivo de abastecer a las nuevas centrales térmicas, a la vez que aparecía en los medios su uso como base para los buques de la O.T.A.N; pero la efectiva puesta en práctica del proyecto se originó a partir de la publicación en el B.O.E, con fecha 26 de febrero de 2.003, por parte del Ministerio de Medio Ambiente de España, y con fecha de resolución de 5 de febrero de 2.003, la Declaración de Impacto Ambiental en la que se manifiesta que el puerto es “ambientalmente viable”, basados en un informe remitido por la Viseconsejería de Medio Ambiente al Ministerio y a la Comisión Europea, en el que se establecen una serie de medidas compensatorias DE RISA, posteriormente rebatidas en un informe firmado por seis profesores de la Universidad de La Laguna, y que NO HABÍA SIDO FIRMADO POR NINGÚN TÉCNICO. Posteriormente, se han elaborado por parte de otra serie de universidades, una serie de informes que acreditan su inviabilidad ambiental, social y económica.

Este estudio contradecía a todos los otros informes negativos expedidos por numerosos técnicos, y fue denunciado ante la Dirección General XI de la Unión Europea.

Para colmo, el día 19 de agosto de 2.003, en el periódico EL MUNDO, se publicó la noticia de la aparición de un documento interno del Ministerio de Medio Ambiente, con fecha de enero de 2.000, redactado por la Dirección General de Costas del propio Ministerio, y que había sido ignorado por él.

Los principales interesados en su realización son entidades como la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Fomento de España, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias (dirigidos por Coalición Canaria), PP y PSOE –aunque resulta paradójico que personajes como Carmen Nieves Gapar, portavoz de CC en Granadilla, denuncie las ilegalidades que se están cometiendo en la zona afectada por empresas que están comenzando a destruir el entorno sin que estén aún licitadas las obras, atentando contra el LIC (Lugar de Interés Comunitario) de los Sebadales del Sur y contra la zona que se ha propuesto por iniciativa popular, como reserva natural a proteger; así como que sectores del PSOE apuesten por la retirada del proyecto, mientras que su principal defensor es Jaime González Cejas, alcalde de Granadilla, quien hace lo impensable para defender el proyecto recurriendo a los argumentos más ridículos, a la demagogia más nefasta y a la manipulación más vergonzosa; y otros, políticos y empresarios, adquieren terrenos en la zona considerando que los terrenos de la zona se constituyen como la manera más fácil de enriquecerse rápidamente, sin que les importen lo más mínimo las consecuencias.

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